La protección del inversor y la eficiencia de los mercados de valores<br />son dos principios de política legislativa básicos dentro del Derecho del Mercado<br />de Valores, tal y como se refleja en el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores<br />de 1988. El legislador español, como en otros ordenamientos jurídicos de nuestro<br />entorno, ha considerado que la protección del inversor está conectada en gran<br />medida con la información. Por ello ha instaurado un sistema basado en la<br />información conocido como «transparencia informativa o full disclosure» que<br />encuentra sus orígenes en el Derecho anglosajón y se fundamenta en la<br />imposición de un sistema de carga informativa al emisor de valores acompañado<br />de un sistema de supervisión de dicha información, que en España se lleva a cabo<br />por la CNMV. Con ello se pretende garantizar la seguridad y confianza de los<br />inversores a través del acceso de los mismos a una información homogénea,<br />pública y obligatoria para los emisores y, en consecuencia, favorecer la eficiencia<br />de los mercados. Para determinar el grado de protección que el ordenamiento<br />jurídico debe conceder a cada inversor es necesario tener en cuenta las distintas<br />modalidades de inversor que existen en Derecho español y que han sido elevadas<br />a categorías legales. Asimismo, resulta conveniente a la hora de valorar la<br />eficiencia del sistema de protección del inversor conocer si a los mecanismos<br />informativos del sistema le acompañan otros de naturaleza sancionadora e indemnizatoria como sucede en países de nuestro entorno a efectos de potenciar<br />el cumplimiento de las normas sobre información.