Tradicionalmente, los países han sancionado el contrabando por el perjuicio que puede ocasionar a su economía, pero también como una forma de arbitrarse recursos para su funcionamiento. Colombia ha castigado este comportamiento unas veces como infracción administrativa, otras como conducta punible y en no pocas ocasiones combinando las dos formas de reacción punitiva. En el presente artículo se realiza un estudio de la evolución legislativa para enfrentar este comportamiento en nuestro país, desde la colonia hasta la reciente Ley 1762 de 2015.
