<p>El presente artículo tiene como fin abordar un extremo del derecho de acceso a la administración de justicia formal. Aquí se analiza cómo en un ambiente de desigualdad y exclusión, y de un aparato de administración de justicia incapaz de satisfacer las demandas de acceso a la justicia de toda la población, el Estado adoptó un modelo de pluralismo jurídico débil como égida que no soluciona tal problemática a cabalidad. Dicho modelo no garantizó el acceso a la administración de justicia formal dando status jurídico a diversos mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Pero, por el contrario, evidenció la precariedad del acceso a la administración de justicia formal, sentó bases de exclusión indirecta y no contribuyó a generar legitimidad ni credibilidad en el Estado.</p>