A lo largo de la última década los caminos para lograr el crecimiento económico en Latinoamérica han mostrado una convergencia CT&I lo cual se ha visto reflejado en el fortalecimiento de las estructuras administrativas de las instituciones nacionales encargadas de tales temas. Sin embargo, lograr los cambios estructurales que alienten la competitividad y la participación del sector empresarial local en el escenario de la economía del conocimiento y preponderancia de cadenas globales de valor, parece seguir siendo un desafío que los países de la región han asumido con mas voluntad y medios que visión y creatividad. En efecto, los enfoques y estructuras casi idénticas que exhiben varios países de la región en esta materia, denotan que la finalidad por impulsar políticas públicas en materia de CT&I ha sido interpretada más como el mandato de emular experiencias exitosas de países industrializados, sin tomar en consideración los rasgos específicos que deben caracterizan estos programas. Desde esta perspectiva la reflexión se plantea en torno a la idea de seguir la línea de crecimiento que ha conducido a las economías actuales por la ruta del crecimiento en detrimento de factores sociales y ambientales. ¿es esto una fatalidad para los países emergentes?; o por el contrario, ¿tienen éstos la obligación de plantear una nueva lógica que privilegie el aprovechamiento sostenible de sus abundantes recursos así como la fragilidad de los ecosistemas donde éstos se encuentran ubicados?. Ambos interrogantes conducen a una respuesta: la región está llamada a liderar una interpretación renovada de las normas del sistema multilateral del comercio, y un punto de partida puede ser la relectura de los planteamientos sobre los alcances de la actividad inventiva y sus vínculos con el sector industrial y estatal, de manera que los recursos públicos destinados a I+D se enfoquen hacia la solución, control o mitigación de los efectos devastadores heredados de la etapa de capitalismo avanzado.