La aplicacion del decreto 222 de 1983 venia presentando inconvenientes, demoras y sobrecostos en el proceso de contratacion entre los particulares y el Estado para satisfacer oportuna y eficientemente la prestacion de servicios publicos, por estas razones y la facultad constitucional estipulada en el inciso final del numeral 25 del articulo 150 de la Constitucion Politica de Colombia, el Congreso de la Republica expidio la ley 80 de 1993; por ella mediante este escrito se pretende, en forma muy general, exponer algunos aspectos referentes a este estatuto regido por los principios de TRANSPARENCIA, ECONOMIA y RESPONSABILIDAD, y a sus decretos reglamentarios.