El concepto de empleo público es de gran importancia tanto para el Derecho Laboral como para la ciencia de la Administración Pública, por lo tanto no puede desatenderse el hecho que el servicio civil en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una pieza básica del andamiaje administrativo. De ahí que su estudio es importante, sobre todo cuando se abordan las materias atinentes a la no siempre bien entendida función pública (tratada principalmente por el Capítulo II del Título V de la Constitución de 1991). Es claro entonces que la función pública se encuentra regulada por principios rectores constitucionales que la ley materializa en normas especiales, pero fragmentarias, cuya interpretación ha quedado en manos de la jurisprudencia nacional. Se ha identificado que de esos pronunciamientos fluyen una serie de “subreglas”, dotadas de un carácter genérico y abstracto, por lo que no pueden inferirse de manera directa, sino que requieren de un proceso de hermenéutica judicial, luego del cual surgen como principios del empleo público en nuestro país. El estudio de estos pronunciamientos judiciales a lo largo de la vigencia de la presente Carta Política y la correspondiente estructuración de los principios decantados, a través de trazos jurisprudenciales, ha sido el objeto central de esta investigación.