En este artículo se trata de reflexionar en torno al derecho a la educación superior en el contexto que vive el país a partir de la pregunta ¿por qué no recurrir a los valores, vocacionalidades e intereses regionales para reforzar la aplicación y la relevancia de este derecho? Su aplicación sin referencia a las particularidades culturales regionales disminuiría la fuerza ética y participativa en esta Política de Estado que quiere ser de todos.Desde esta perspectiva, se cree que en su construcción se debe realizar un esfuerzo por valorar el principio básico que representa el Estado Social de Derecho, establecer cuál es el logro de la justicia social y el papel que el Estado en alianza con las Instituciones de Educación Superior juegan en la materialización de este propósito, como la máxima aspiración de una formación ciudadana con un profundo compromiso ético y social que debe ser favorecido en las aulas universitarias.