La Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin dubitacion alguna, tiene competencia para juzgar a los congresistas de la Republica que hayan renunciado a su investidura, al tenor de lo senalado en el paragrafo del art. 235 de la Constitucion Politica, cuando el delito atribuido es de los llamados propios o de responsabilidad, dado que tales conductas ilicitas no pueden ser cometidas sino en relacion con el cargo o la funcion, como sucederia con la concusion, el cohecho, el prevaricato y otras ilicitudes. A la misma conclusion se debe llegar cuando se tratare de delitos como el concierto para delinquir y otras atendidas ciertas pautas de analisis, en especial el nexo de los mismos con el cargo desempenado. Se cambia la jurisprudencia.