En Colombia la inclusión tanto legal como constitucional del derecho del consumo se debe a una necesidad de adecuación de la normativa a los lineamientos internacionales tanto de las directivas de la ONU, como de los Proyectos de MERCOSUR, ya que las relaciones comerciales, negociaciones internacionales y los procesos de globalización e integración de los mercados requerían de la garantía de este tipo de derechos por los Estados contratantes, sin embargo a través de este artículo y empleando una investigación jurídica de carácter aplicado, con enfoque cualitativo, se pretende hacer una crítica a los mecanismos constitucionales dispuestos para la defensa de los derechos de los consumidores como derechos colectivos, pues resultan poco operantes al no responder a las necesidades y realidades del consumidor contemporáneo que vive en un mundo globalizado.