El presente articulo pretende sustentar como la falta de continuidad en las politicas publicas ha afectado la aplicacion del principio de confianza legitima, el cual suele considerarse suficiente para resolver, mediante la reubicacion, la tension entre la proteccion del espacio publico y el derecho al trabajo de los vendedores estacionarios informales. En este sentido, se hace un llamado de atencion tanto al Estado (legisladores, gobiernos locales y jueces) como a los ciudadanos en general para que se de un esfuerzo conjunto en la comprension del principio (y de su alcance), y en darle un uso que realmente solucione el conflicto entre derechos, en vez de buscar beneficios particulares (en ocasiones de mala fe) a partir de la incertidumbre que genera la disparidad en las medidas