No obstante la aparición de la Contaduría General de la Nación, su abundante normatividad contable pública, y su ámbito de aplicación suficientemente claro en el Plan General de Contabilidad Pública y en la doctrina Contable Pública, las entidades de inspección, regulación, vigilancia y control, continúan emitiendo normas contables de obligatorio cumplimiento para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, situación que ha ocasionado incertidumbre entre quienes deben aplicarlas, no sólo por la incompetencia de quienes regulan, sino porque en diversos casos tales normas van en contravía de ls dictadas por la Contaduría General y de los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados. De esta manera, las contradicciones y desaciertos normativos en materia contable emitidos por organismos, en algunos casos incompetentes, repercuten negativamente en la captura, procesamiento, análisis y divulgación de la información contable correspondiente a las empresas del sector de servicios públicos domiciliarios.