Los bienes ilicitos solo les son utiles a los delincuentes si logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito economico. Los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la confiscacion de esos activos explican la politica internacional, intensa y actual, aunque reciente, orientada a la prevencion, deteccion y sancion del lavado de activos; como consecuencia de ella se han producido varias disposiciones internacionales para enfrentar un ‘problema’ constitutivo de una ‘amenaza global’ que debe ser ‘combatida’ por todos, y que han suscitado reformas significativas en los ordenamientos estatales. En lo penal, el resultado es una regulacion compleja y problematica por su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que rine con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios que suponen un mero peligro abstracto o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el caracter transnacional de los delitos en comento, el uso de organizaciones, los nexos con el poder economico y politico, la sofisticacion de los metodos, la globalizacion economica, las nuevas tecnologias o, en fin, la necesidad de coordinar autoridades nacionales e internacionales para su investigacion. El texto examina la regulacion penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificacion, descripcion y critica de los diversos elementos que componen el delito; asimismo, revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano, explica sus efectos mas importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicacion, sin dejar de proponer correctivos o formulas para su mejora.