Las decisiones de las altas Cortes son fuente formal de derecho –para el caso del Derecho Penal–, pues crean reglas jurídicas acerca de cómo debe interpretarse el ordenamiento, naturaleza que las dota de fuerza vinculante, esto es, del deber de acatamiento por parte de los jueces, sin que se desconozcan los principios de autonomía e independencia, pues de todas formas, por tratarse de un sistema flexible del precedente, existe la posibilidad de apartarse de éste, más no de cualquier manera, de forma arbitraria y sin ningún esfuerzo dialéctico, sino siempre que se cumpla con la carga argumentativa. En consecuencia, comete el delito de prevaricato por acción el Juez que desconoce los precedentes jurisprudenciales emanados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.