por parte de una jurisdiccion constitucional se han convertido en sena de identidad de los estados constitucionales democraticos. Posiblemente seria un diseno institucional sin fisuras, destinado a consumar la secular aspiracion de someter la politica al derecho, si no fuese por la falta de objetividad que aqueja la interpretacion de los derechos fundamentales, la que a su vez torna incierto el alcance de la competencia del Tribunal Constitucional para hacerlos valer frente a las decisiones del Parlamento. Lo anterior ha llevado a cuestionar que la ultima palabra en la disputa sobre el alcance de los derechos se deposite en un organo carente de legitimidad democratica. Con todo, nuestra cultura juridica no parece dispuesta a renunciar al control de constitucionalidad de las leyes, por lo cual, mas que debatir sobre su abandono o conservacion, en la actualidad los esfuerzos del constitucionalismo se orientan a establecer los limites de la competencia revisora del Tribunal Constitucional y a proponer, de la mano de las teorias de la argumentacion, criterios que permitan someter sus decisiones a un control racional, en un intento de cerrar la brecha que para el Estado