En el presente artículo de revisión analiza la Jurisprudencia Constitucional que se ha erigido en pilar fundamental, estructurante del Estado Social de Derecho y, en particular, de la solución de los abominables hechos de vida de las personas víctimas del desplazamiento forzado. En el año 2004 a través de la Sentencia T-025, todo un tsunami frente al fenómeno, se declaró un Estado de Cosas Inconstitucional que se nutrió por toda una gama de antecedentes que permiten afi rmar su existencia desde tiempo atrás. El presente estudio se justifi ca en la medida en que se pretende demostrar, más allá de la existencia del daño en sí mismo (el desplazamiento forzado), la particularidad de toda una política pública que tiende a constituirse en desarrollo de ese iter constitucional y de facto, en derechos fundamentales exigibles a través de la pretensión de tutela como proceso procedente y preferente sobre otras acciones constitucionales y legales.