<p>Después de la independencia, la organización administrativa del Estado colombiano hacia un modelo de corte liberal y capitalista fue inmediata. No obstante, por parte de quienes se resistían a perder antiguas prerrogativas, surgieron prácticas conducentes a beneficiar los intereses particulares, aun cuando dicho beneficio debiera tocar los sagrados bienes públicos. El objetivo del artículo es ilustrar acerca de una de las mayores vulneraciones que sufrió Colombia en los primeros años de vida republicana: la corrupción, entendida desde el siguiente interrogante: ¿es posible afirmar que el Estado colombiano, concebido y desarrollado a partir de la independencia de 1819 y gestado con principios administrativos modernos, se mantuvo al margen de acciones y prácticas contrarias a la eticidad y buen manejo que la función pública exige? Responder a tal pregunta requirió de un ejercicio histórico, en el cual predominó el análisis histórico-lógico, como la vía más conveniente para abordar la historia del derecho. </p>