La corrupción es un problema importante para las sociedades contemporáneas latinoamericanas y particularmente colombiana. Este problema debe solucionarse desde distintas perspectivas y utilizando instrumentos en los ámbitos de la gobernanza empresarial, el derecho publico y el derecho privado. Desde los años noventa, organismos internacionales han creado reglas para combatir la corrupción privada, en las que recomiendan perseguir estos comportamientos a través de la vía penal. En Colombia, una reforma del Código Penal creó el delito de corrupción privada en 2011, que protege no sólo los intereses privados de las empresas, sino también intereses públicos en la preservación de la libertad de mercado.