El delito de defraudación de fluidos se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrentan todas las empresas de servicios públicos (ESP) en Colombia. Este artículo racionaliza el aumento en los incentivos para el comportamiento hurtador de energía por parte de clientes de Codensa. Dentro de los supuestos de un monopolio natural, se muestran las consecuencias del alza de tarifas en el que incurre la empresa para sus clientes, ante un aumento de los hurtos de fluidos eléctricos en Bogotá y algunas zonas de Cundinamarca. Mediante una base de datos panel a escala del establecimiento, se encontró que la pérdida de la facultad sancionatoria de las ESP para clientes hurtadores generó un aumento de 0,14 desviaciones estándar en el hurto de energía en promedio, correspondientes al sobrecosto que representa la demanda oculta comprada (equivalente a 8,487 gigavatios-hora [GWh]), y que se socializa vía tarifas.