El texto muestra la crisis que soporta la dogmática jurídico-penal tradicio- nal, alejada de los cuestionamientos político-criminales; en este contexto esa disciplina no cumple las funciones que se le han encomendado. En su lugar, se debe abogar por una disciplina que se ocupe de un derecho penal que vele por la protección de bienes jurídicos, la seguridad jurídica, la propor- cionalidad de las medidas de intervención penal en relación con el conflicto originado, los límites del poder punitivo en las garantías constitucionales, etc.