En el artículo, los autores abordan un análisis sobre el estado actual del derecho penal, partiendo de un análisis de los discursos que fundamentan la expansión del poder punitivo del Estado, contraponiéndolos con los que abogan por la restricción del mismo a partir de la visión del derecho penal como un conjunto de garantías para los ciudadanos. Finalmente, fundamentan las razones por las que sólo una visión limitadora del poder punitivo del Estado a través de las garantías penales, resulta útil para establecer medidas de legitimidad de los procedimientos estatales.