En el marco de la cuestionada lucha internacional contra las drogas, el esfuerzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez logró derogar la política estatal de naturaleza libertaria que permitía la “dosis personal”, por medio de la aprobación de una reforma constitucional que prohíbe el consumo de drogas y las conductas asociadas con el mismo, lo cual es un hecho político presentado como una política pública justificada en aras del interés general, en beneficio de toda la sociedad, incluido el adicto, a quien se le obliga a su rehabilitación por medio de tratamientos psiquiátricos. La tesis suscrita en este ensayo sostiene que la reforma fue motivada por razones e intereses divergentes a los argumentados, esto es, a la aspiración de reelección presidencial de Uribe Vélez. Siendo así, la política de criminalizar la dosis personal no sería otra cosa que lo nombrado por la criminología como populismo punitivo.