<p>El procedimiento sancionatorio ambiental se caracteriza por tener una estructura particular en la que no está presente un tercero que tome una decisión imparcial, sino que es la misma administración la que ejerce control y posteriormente asume una función correctiva que le faculta para investigar y sancionar a los infractores de las normas ambientales. Esto exige que haya unos elementos procesales que deben respetarse para evitar violación de garantías fundamentales. Por ello, este artículo pretende analizarla forma en que la ley 1333/2009 regula la administración de la prueba en cuanto a su decreto, práctica y valoración en concordancia con los principios del debido proceso probatorio, para lo cual se emplea una metodología cualitativa con un enfoque teórico-analítico, concluyendo que la ley consagra múltiples prerrogativas en favor de la autoridad ambiental que comprometen el derecho de defensa de los presuntos infractores.</p>