La salud a pesar de no haber sido definida como un Derecho Fundamental en la Constitución Nacional de 1991, si debe ser entendida como tal, gracias a la interpretación jurisprudencial hecha por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, según las cuales el goce de plena salud se halla conexo con el derecho a la vida y a la dignidad humana. Sin embargo, desde la implementación de la Ley 100 de 1993, la vulneración a este derecho ha sido reiterativo, por parte de los diferentes actores que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que ha impulsado a los usuarios a defender su derecho mediante la interposición de acciones de tutela, lo que ha generado congestión en los despachos judiciales.