En el mismo proceso reivindicativo de la población desplazada surgió la Ley de Víctimas 1448 de 2011 mediante la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Tal normativa contempla la indemnización administrativa y consagra la posibilidad de que esta se sujete al contrato de transacción; sin embargo, este, tal como se encuentra concebido en la mencionada ley, más que una propuesta de reparación administrativa resulta ser un instrumento violatorio del derecho de acceso a la justicia para las víctimas, en especial para las mujeres desplazadas por la violencia.Es por ello que este escrito tiene como objetivo general identificar las razones por las que el contrato de transacción se convierte en un obstáculo en la garantía del derecho de acceso a la justicia y con él, de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación en las mujeres víctimas del desplazamiento forzado.