Venezuela es uno de los primeros países productores de petróleo del mundo, con cuantiosas reservas de petróleo convencional, ultrapesado y de gas natural. La legislación petrolera venezolana evolucionó desde los inicios de la industria con miras a incrementar los ingresos fiscales, hasta la nacionalización de la industria en 1975, y así buscar la redistribución de los ingresos en la sociedad. Pero ello generó una mentalidad rentista y, después de noventa años, el país no ha logrado diversificar su economía sino que, por el contrario, es hoy más dependiente del petróleo.Las políticas adoptadas durante la presente década sustituyeron las diseñadas en los años 90 para internacionalizar la industria y expandir la producción en asociación con capital privado. Ello ha afianzado el predominio del Estado, además de haberse modificado la conducción meritocrática de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA,1 lo cual ha tenido como resultado ineficiencias, baja inversión y caída de la producción petrolera.El deterioro del aparato productivo interno venezolano ha obligado al aumento de las importaciones. El gasto público constituye el motor de la economía y ello potencia el consumo y la inflación. Además, el petróleo como eje de la diplomacia implica crecientes compromisos internacionales, los cuales, sumados a subsidios internos de dimensión inconmensurable, amenazan la sostenibilidad fiscal del país hacia el mediano y largo plazo.