En el escenario de colombia, la cooperación judicial en materia penal ha sido una necesidad imperante en virtud de fenómenos de macrocriminalidad polìtica y de criminalidad transnacional de indudable connotaciòn internacional. El fenòmeno ha sido identificado en particular en dos corrientes que se manifiestan tanto en el conflicto armado colombiano de más de 4 décadas de ocurrencia, así como en su relación con los carteles de la droga de aproximadamente 3 décadas de su aparición. En este contexto las medidas judiciales en particular, la asistencia recìproca y la extradiciòn han sido una de las bases para combatir este tipo de delincuencia de gran impacto internacional a partir de la adopción de todas las convenciones e instrumentos adoptados por la comunidad de naciones, para combatir esta clase de fenómenos criminales. En último término las consecuencias actuales reflejan un Estado que pone a consideración a su jurisdicciòn, frente a la comunidad internacional, permitiendo la flexibilidad interna de sus principios en la bùsqueda de soluciones eficaces al respecto, sin perjuicio de que al final su autonomía sea seriamente cuestionada y sin que el problema tenga una final solución.