Colombia ha expedido regulaciones encaminadas a elevar los niveles de acceso al crédito y la protección de los consumidores financieros, siendo crítico en este último aspecto la promulgación de la Ley 1328 de 2009, que establece derechos de los consumidores y obligaciones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, sobre el contenido mínimo de la información que se debe suministrar a los consumidores, prohibición de cláusulas abusivas, procedimientos para la resolución de quejas y régimen de sanciones. No obstante, en materia de productos Micro Financieros que son ofrecidos no solamente por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino por otros actores que no están obligados al cumplimiento de las normas mencionadas, podría existir un desfase en la protección del consumidor, que una investigación adelantada entre IDLO y la UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, se ocupo de analizar a través de entrevistas y encuestas con los actores involucrado: entidades, clientes y jueces, cuyas conclusiones se reflejan en el presente escrito.