Bolivia adoptó el régimen internacional de la conservación de la biodiversidad durante los años 90, al tiempo que implementaba políticas de diversidad cultural a favor de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Este proceso en doble vía cristalizó una nueva forma de intervención estatal en el espacio amazónico mediante la implantación de áreas protegidas sobre territorios previamente habitados algunos de ellos, posteriormente legalizados como tierras comunitarias de origen. Fundada en criterios de protección de “la naturaleza” y revitalización de las culturas ancestrales, la gestión de las áreas apoyan iniciativas económicas de desarrollo sostenible para los locales. A partir de dos experiencias de proyectos de turismo comunitario indígena en áreas protegidas, utilizamos el concepto vernacularización de normas para comprender cómo, mediante estos dispositivos de generación de ingresos económicos locales de “bajo impacto ambiental”, los principios de la conservación y el desarrollo sostenible intentan ser traducidos a las formas de vida de dos pueblos amazónicos, los quechua-tacana de San José de Uchupiamonas y los tsimane' mosetene de Pilón Lajas.