En el presente artículo de reflexión se esbozaran los elementos que permiten concluir que una actuación judicial o administrativa es arbitraria, en las que por lo general, los funcionarios que se encuentran en posición dominante hacen uso de la misma para tomar decisiones en la que priman intereses más allá de lo perseguido por la ley, esto es, aspiraciones personales, alejadas de todo concepto permitido dentro de la discrecionalidad y del imperio de la ley, rompiendo los principios de legalidad, debido proceso y equidad, contemplados en la Constitución Nacional como garantía de los derechos de los ciudadanos dentro de un Estado Social de Derecho.