El Proceso de Justicia y Paz puede ser concebido como un campo jurídico- político que ha asignado tanto a las víctimas como a los victimarios del conflicto armado no sólo un lugar diferenciado, sino también, los recursos simbólicos, sociales, políticos y materiales, a través de los cuales se valida o se cuestiona este campo, y en especial, las estrategias jurídicas y políticas de clasificación impuestas desde el lugar privilegiado del Estado. En este sentido, el espacio jurídico- político configurado a partir de la Ley 975 de 2005, ha producido discursos dominantes, pero también disruptivos o de ruptura en torno al tema de la reconciliación, que permiten identificar formas concretas de constitución de sujetos políticos y la lucha de estos por ser visibilizados y reconocidos.