El prolongado conflicto armado interno que aqueja a Colombia reviste características propias, las cuales hacen de su fin un proceso complejo. Situaciones tales como masacres, desplazamientos forzados, homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, así como la multiplicidad de actores, la impunidad en los procesos penales, la ineficacia del aparato estatal y la falta de garantías de protección para las víctimas han originado en repetidas ocasiones fuertes condenas ante el Sistema Interamericano. Esto ha motivado al Estado colombiano a implementar un marco normativo con herramientas eficaces de justicia transicional, con el fin de hacer frente a estas graves violaciones de los derechos humanos. De esta forma, el gobierno entendió que esta transición sólo se logra a través de la construcción de un marco jurídico sólido, en el que todas las partes del conflicto resulten beneficiadas, sin olvidar, claro está, en quienes se ven materializados los efectos de este difícil proceso: las víctimas.