El derecho a la memoria, según los parámetros de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, exige esfuerzos tanto por parte del Estado como de la sociedad, los cuales no pueden materializarse mediante acciones deliberadas y unilaterales, puesto que se encuentran limitados por los derechos de las víctimas y en general por el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, el proceso de reconstrucción de la memoria supone un compromiso serio, real y democrático, que puede llegar a buen término con la formulación e implementación de una política pública que exalte, mediante la narración histórica, la existencia de una identidad colectiva.