<p>El presente artículo lleva a cabo un análisis reflexivo del acto legislativo 6 de 2011 por medio del cual se autorizó el ejercicio de la acción penal privada en Colombia. Dicho análisis consiste específicamente en precisar la relación existente entre la acción penal privada y el sistema procesal de raigambre acusatorio. A su vez, analiza los límites constitucionales que el nuevo texto constitucional impondría al legislador a la hora de reglamentar la institución mencionada. Para ello, estudiaremos los conceptos de bien jurídico, lesividad y la condición de víctima, conforme a lo señalado por la doctrina nacional y extranjera más calificada, la jurisprudencia, y el texto de las leyes nacionales pertinentes.</p>