El derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través de los medios de comunicación no puede llegar a suplir los estudios que el legislador debe hacer para determinar la necesidad o no de intervenir en la vida de los ciudadanos e imponer restricciones a su libertad, por intermedio del Derecho Penal. Debe propenderse por unos medios de comunicación que respeten la objetividad e imparcialidad de los acontecimientos que sean noticia, dejando así que el usuario tome sus propias conclusiones. Los medios de comunicación, como eje gravitacional de la democracia, deben ser autónomos e independientes, sobre todo de los oligopolios que detentan su propiedad.