En el presente texto se analiza la situación del condenado insolvente frente a la exigencia – eliminada por la Ley 1709 de 2014 –, del pago de la multa para resultar beneficiado de la libertad condicional y los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión. Para esto se examina la aplicación de las sentencias C-185/11 y T-309/12 en sede de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y su corolario como solución a la situación de hacinamiento carcelario.
