<span>En el presente trabajo se analizan la responsabilidad penal del representante legal y de los trabajadores por la administración fraudulenta de los recursos de una compañía. Para estos efectos, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que el representante legal responde por el delito de abuso de confianza, mientras que el empleado responde por el delito de hurto calificado por la confianza. El estudio indaga sobre los presupuestos que soportan las consecuencias anteriores, y plantea la posibilidad de darle un trato igual.</span>