Siguiendo una tradición originada entre los altos funcionarios coloniales del siglo XVIII, durante la primera mitad del primer siglo de la república los go-bernadores de las provincias tenían que presentar un detallado informe a las Cá-maras provinciales. Aunque los aspectos sobre los que versaban estaban estipula-dos por la ley, las circunstancias del momento podían obligar a introducir aspec-tos que se consideraban importantes.