La implementación constitucional del modelo de economía social de mercado ha irradiado todos los sectores de la economía colombiana, incluso el de la industria del carbón. La adopción de este sistema económico impuso la transición hacia una regulación económica y armonizada con la aplicación de una normatividad de defensa de competencia, en aras de salvaguardar las libertades y principios económicos implantados por la Carta Política. La situación de la industria económica del carbón, frente al panorama adoptado en la Constitución económica, plantea interrogantes tales como la existencia de un mercado carbonífero producto de la modulación normativa, su carácter o no de regulado, las normas que le son aplicables, la superación de los vacíos legales, la necesidad de una normatividad especial de competencia y el papel que desempeñan las distintas autoridades.