El Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos Humanos (en adelante SIPDH o Sistema) se erige como actor fundamental de los proceso de transicion en Latinoamerica por dos razones diferentes. En primer lugar, gracias a su trabajo ha sido posible garantizar los derechos de las victimas que, ignoradas durante la transicion, decidieron acudir al escenario regional. En segunda instancia, su jurisprudencia establece parametros que resultan utiles tanto a la resolucion de los problemas de las transiciones puestas en marcha antano como a la construccion de los nuevos procesos transicionales. En uno y otro caso, sin embargo, la efectividad del trabajo de los organos interamericanos depende de la forma como las autoridades nacionales acojan los parametros y las ordenes del Sistema. Asi pues, desde mi punto de vista, cuando se trata de hablar de los retos de la jurisdiccion interamericana en cuanto a la jurisprudencia sobre justicia transicional, el foco de atencion debe ser la relacion entre los organos del Sistema y aquellos llamados a garantizar su efectividad a nivel nacional, particularmente la relacion entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los jueces nacionales. En las lineas que siguen intentare ilustrar esta idea. Para ello traere a colacion dos eventos. En primer lugar, me referire a la ejecucion, por parte de jueces nacionales, de ordenes especificas de la Corte IDH relacionadas con la derogacion de las leyes de amnistia; en segundo lugar, hablare del uso de estandares interamericanos por parte de la judicatura nacional De la ductilidad y otras angustias: los retos de la justicia... Paola Andrea Acosta