A la fecha no se ha logrado consolidar la reglamentación que permita la intervención del psicólogo; como una ayuda fundamental para el juez en la solución de aquellos casos en los que deba profundizar en el conocimiento de la conducta de las personas implicadas en estos; lo que vislumbra un vacío en la aplicación del derecho en el ámbito psicosocial, con el fin de lograr restablecer el tejido social, como responsabilidad del Estado Social de Derecho.