Hoy por hoy, se asume que los objetivos de las políticas sociales han de orientarse hacia la restauración de la ciudadanía a partir del acceso a derechos sociales y cívicos de los sujetos y la dinamización del vínculo o tejido social, que implica relacionar a las personas con otras y con las instituciones, siguiendo planteamientos como los de Cristina De Robertis (2003: 15). Por lo anterior, puede decirse que tales políticas deben potenciar esencialmente ciudadanos sujetos de derechos y una sociedad democrática, participativa, corresponsable, pero al mismo tiempo, solidaria; con vínculos sociales más estrechos, a fin de alcanzar una mayor justicia y equilibrio social, como principios éticos para la convivencia pacífica en las diferentes realidades socio-culturales.