Es normal escuchar que en Colombia la contratacion estatal es una actividad eminentemente reglada, que se desarrolla a partir de normas que regulan cada una de las etapas del proceso contractual; pero decir esto es dejar de un lado la idea que brota por todos los rincones de la Ley 80 de 1993, consistente en que la contratacion estatal en Colombia, como cuerpo juridico dentro del ordenamiento de un Estado social de derecho, implica, en primer lugar, una fundamentacion en materia de principios generales del derecho, toda vez que su desconocimiento en el tema de la contratacion estatal conllevaria la nulidad del contrato estatal, y/o de los demas actos administrativos que se creen en razon del proceso contractual, como seria el caso de la nulidad del acto por medio del cual se declara la caducidad o se ejerce otra de las potestades excepcionales del contrato estatal. Esto permite inferir que los principios son el primer limite para la aplicacion de dichas clausulas.