Después de varios intentos fallidos de hacer una Reforma Agraria en Colombia el presidente Juan Manuel Santos, a un mes de posesionado, presentó al Congreso de la República la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que busca devolver la propiedad de la tierra a más de cuatro millones de desplazados que ha dejado el conflicto armado que vive el país desde hace más de 60 años y que tuvo su origen en la inequidad social y en la tenencia de la tierra. En el curso de la aprobación de la Ley, y desde el campo de la comunicación política, no sólo el gobierno es actor, lo son también los opositores, las víctimas y los medios. Sin embargo, el encuadre de los principales medios de comunicación colombianos parece enfatizar únicamente en la importancia histórica de la Ley que es el mismo enfoque del gobierno y deja de lado las críticas frente a su implementación, la poca participación de las víctimas en la elaboración y los más de 20 líderes asesinados por agentes legales que se oponen a la restitución.