Cumpliendo órdenes virreinales, el gobernador del Tucumán don Manuel Fernández Campero dispuso el empadronamiento de la población en 1767, con el doble fin de visitar a los pueblos de indios y de actualizar el cobro de la Bula de la Santa Cruzad. En el caso de La Rioja sólo se llevaron a cabo los registros del curato de Los Llanos y el de la ciudad y sobre éste nos abocamos en este trabajo. Elaborado por un juez comisionario con la asistencia de un Notario y el cura vicario, el padrón contiene valiosa información sobre su vecindad, identificando las unidades por casas en un ordenamiento que articulaba el prestigio y la notabilidad, la calidad y los recursos económicos. Nuestro objetivo es entrever las lógicas de clasificación y autorepresentación que esta fuente exhibe -y sobre todo las que encubre-, dando sentido a las jerarquías que regían la sociabilidad entre “patricios”, “principales”, criados y esclavos y vecinos de “inaveriguable nacimiento”, miembros todos de una apartada comunidad colonial.