La Ley 1480 de 2011 incorporo por primera ocasion en Colombia un sistema de principios tuitivos, donde destaca el acceso de los consumidores a una informacion adecuada que permita hacer elecciones bien fundadas, imponiendo sobre los profesionales una obligacion de informacion que debe caracterizarse por su suficiencia, claridad, idoneidad y oportunidad. El presente articulo demuestra como, a pesar de concebir un credito informativo en favor de los consumidores, su cumplimiento, exigibilidad y efectividad plantean dudas, aparte de las diversas sanciones civiles y administrativas que podra imponer la Superintendencia de Industria y Comercio. El analisis se efectua teniendo como referencia el derechocomparado y la tutela del consumidor dentro de la doctrina moderna de la culpa in contrahendo.