Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del Legislador ha sido un trabajo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia internacional a mediados del siglo XX. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto signifique que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrara las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886 tales como los artículos 2°, 16 y 30, normas constitucionales que consagraban el principio de legalidad, el deber del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, así como el de garantizar el derecho a la propiedad privada y demás derechos de las personas que tuviesen el carácter de adquiridos. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en 1998 y por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.