Este artículo parte del reconocimiento de la necesidad del trabajo de un centro de memoria o de una comisión de la verdad, para analizar el reto político que este conlleva, teniendo en cuenta que las circunstancias institucionales que condicionan la producción de un informe final convierten su ejercicio de memoria en relato hegemónico, en tanto se espera de él una contribución para la construcción del marco simbólico del posconflicto. El texto presenta argumentos para mostrar que la existencia de víctimas no integradas en el relato institucional abre la posibilidad de una política de la memoria, como tarea que debe ser contraída por la sociedad, que asuma los desafíos dejados por el trabajo de una comisión de la verdad. El texto concluye que es labor ciudadana la de abrir el espacio de aparición para la acción política de aquellas víctimas no incluidas en el régimen de memoria producido institucionalmente.